La vicepresidenta y la jefa de bancada oficialista protagonizaron un fuerte intercambio de posturas en torno al proyecto que busca desregular la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.
La interna en los sectores de la conducción nacional sumó un nuevo capítulo de tensión en las últimas horas. Un intercambio de posturas entre la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la senadora nacional y jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expuso diferencias de criterio de cara al tratamiento de un proyecto clave en la Cámara Alta.
El debate gira en torno al proyecto de la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», una iniciativa que promueve la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Argumentos cruzados por la soberanía y la inversión
Según trascendió sobre el intercambio, las posiciones de ambas referentes evidencian dos visiones contrapuestas respecto a la administración de los recursos naturales y la propiedad de la tierra:
La postura de Patricia Bullrich: La senadora defendió firmemente el avance del proyecto, argumentando que la desregulación de la Ley de Tierras es una herramienta indispensable para atraer inversiones productivas, reactivar el sector inmobiliario rural y promover el desarrollo económico de las provincias.
La objeción de Victoria Villarruel: Por su parte, la presidenta del Senado planteó serias objeciones al texto. Villarruel advirtió sobre las implicancias de habilitar la adquisición de extensiones de tierra sin límites para capitales externos, señalando que la medida podría comprometer la integridad territorial de la Nación y relegar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales.
Escenario legislativo complejo
La falta de consenso interno en el oficialismo añade un componente de incertidumbre al futuro parlamentario del proyecto. En un Senado donde los bloques se encuentran altamente fragmentados, la falta de una postura unificada entre la presidencia de la cámara y la conducción de la bancada oficialista podría dilatar los tiempos de debate en comisiones o forzar modificaciones sustanciales en el articulado antes de que la iniciativa pueda llegar a tratarse en el recinto.
