Este lunes, por primera vez en su historia, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz se reunió con sus nueve integrantes y eligió al Dr. Gabriel Contreras Agüero como presidente del cuerpo. El hito llega pocos días después de que la Corte Suprema nacional validara la ampliación del tribunal impulsada por el gobernador Claudio Vidal, poniendo fin a uno de los conflictos institucionales más agudos que vivió la provincia en los últimos años.
La elección y la nueva composición
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz definió este lunes a sus nuevas autoridades y eligió a Gabriel Contreras Agüero como presidente del organismo. La decisión llegó pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la ampliación del cuerpo, permitiendo que el tribunal pase de cinco a nueve integrantes.
La jornada comenzó a las 7 de la mañana, cuando los miembros del tribunal fueron ingresando de manera sucesiva al edificio: Daniel Mariani, Sergio Acevedo, Lucio de la Vega, José González Nora, Gabriel Contreras, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Basanta y Alicia de los Ángeles Mercau. Paula Ludueña estuvo ausente por licencia. A las 13:00, el propio tribunal comunicó oficialmente la decisión: «El Dr. Gabriel Contreras Agüero será quien ejerza la presidencia del Tribunal Superior de Justicia».
La nueva composición completa del tribunal quedó integrada por Paula Ludueña, Fernando Basanta, René Fernández, Alicia Mercau, Daniel Mariani, Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Contreras Agüero.
Quién es Gabriel Contreras Agüero
Contreras Agüero acumula 21 años de carrera judicial. De junio de 2004 a junio de 2008 se desempeñó como abogado escribiente mayor en la Fiscalía de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Caleta Olivia. Entre junio de 2008 y junio de 2017 fue fiscal titular de la Fiscalía N°2 ante los juzgados de Primera Instancia de Caleta Olivia. A partir de junio de 2017 fue designado juez de Instrucción del Juzgado Penal N°2 de Primera Instancia, y desde mayo de 2019 hasta 2025 se desempeñó como juez subrogante del Juzgado Penal Juvenil.
Contreras Agüero desarrolló gran parte de su carrera judicial en la zona norte de Santa Cruz, antes de integrar el Tribunal Superior. Su llegada al máximo tribunal forma parte de las cuatro designaciones enviadas por el gobernador Vidal y aprobadas por la Legislatura provincial en el marco de la Ley 3949.
La historia detrás del hito: meses de disputa institucional
Para entender el peso de lo que ocurrió hoy, hay que repasar la crisis que lo precedió. No fue un trámite administrativo. Fue el desenlace de uno de los conflictos institucionales más graves de la historia reciente de Santa Cruz.
Con la ley aprobada, el gobernador Vidal envió cuatro ternas para ser elegidas por la Legislatura. Así se designó a Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.
Sin embargo, lo que debía ser una incorporación institucional ordenada derivó en una crisis sin precedentes. El entonces presidente del tribunal, Daniel Mariani, tomó juramento a los nuevos jueces, pero sus antiguos compañeros de tribunal anularon el movimiento y lo destituyeron. La Corte santacruceña quedó partida en dos: Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta se quedaron en la conducción, mientras Mariani y los cuatro nuevos integrantes quedaron en un limbo institucional.
La situación llegó a extremos difíciles de imaginar en un Estado de derecho. Los cuatro vocales designados por la Legislatura no contaban con el alta administrativa como parte del Poder Judicial. Seguía vigente una circular firmada por la presidenta Reneé Fernández que informaba que, por la vigencia de una medida cautelar, los nuevos vocales no podrían ser dados de alta. El ingreso al edificio del tribunal solo estaba permitido en presencia del vocal Mariani.
El fallo que lo cambió todo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió validar la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y destrabó el conflicto institucional más importante registrado en la provincia durante el último año. El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la resolución del propio Tribunal Superior que había declarado inconstitucional la reforma judicial y frenado la asunción de los nuevos jueces.
Los ministros fueron contundentes en su resolución: «La decisión del Superior Tribunal de Justicia exhibe graves defectos de fundamentación y alcanza los intereses de la comunidad toda: la cuestión debatida exhibe una marcada trascendencia institucional, ya que se encuentra en juego la correcta integración de uno de los poderes del Estado local».
Tras conocerse la resolución, el gobernador Vidal celebró públicamente el fallo y aseguró que representa «el fin de la impunidad» en la provincia, sosteniendo que durante años existió una estructura judicial que protegió intereses políticos y económicos.
Qué significa para Santa Cruz y para la región
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz es el máximo órgano del Poder Judicial provincial. Sus decisiones alcanzan a todos los ciudadanos de la provincia, incluyendo a quienes viven en El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos. Desde la designación de jueces locales hasta la resolución de conflictos territoriales, habitacionales y ambientales, el TSJ es la última instancia judicial dentro de Santa Cruz antes de llegar a la Corte Suprema nacional.
La reconfiguración de ese tribunal — con cuatro nuevos miembros y un presidente elegido en la primera sesión plenaria de la nueva composición — define el perfil que tendrá el Poder Judicial santacruceño durante los próximos años. Es, en ese sentido, una de las noticias institucionales más relevantes del año para toda la provincia.
Lo que comienza hoy, con una foto institucional de nueve jueces y un presidente electo, es una nueva etapa. Después de meses de tensión, bloqueos y disputas que llegaron hasta la Corte Suprema de la Nación, Santa Cruz tiene un Tribunal Superior con su máxima composición legal en funciones.
