La Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó una denuncia penal formal contra los referentes del acampe policial por atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción. La respuesta de las bases fue inmediata: ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza y pusieron el conflicto en un punto de no retorno. En El Calafate, el impacto se siente en cada comisaría.
El Gobierno de Claudio Vidal eligió el camino más duro. Después de semanas de mesas de negociación fallidas, acampes, retención de servicios y la presión de las fuerzas federales como parche de emergencia, el Ejecutivo santacruceño decidió judicializar el conflicto. La Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra quienes mantienen el acampe frente a Casa de Gobierno, encuadrando los hechos como presuntos delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, y solicitando a la Justicia la identificación de los responsables, la preservación de pruebas y la adopción de medidas urgentes para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones provinciales.
Según la presentación judicial, los manifestantes ocuparon sectores del predio de Casa de Gobierno y bloquearon el ingreso y egreso por el portón principal, lo que habría afectado el normal funcionamiento de la sede central del Ejecutivo provincial.
El referente de los policías autoconvocados, Ramón Quipildor, respondió sin rodeos: «Vidal es un hipócrita.» La denuncia, en términos prácticos, no apagó el conflicto. Lo encendió más.
Mientras avanza la causa judicial, los sectores policiales y penitenciarios autoconvocados ratificaron la continuidad del acampe y las medidas de fuerza. Los referentes sostienen que la protesta tiene carácter exclusivamente salarial y aseguran que la permanencia frente a Casa de Gobierno fue una decisión adoptada por las bases.
EL IMPACTO EN EL CALAFATE: UNA VILLA QUE SIENTE CADA ESCALADA
Lo que ocurre en Río Gallegos tiene nombre y apellido en cada comisaría de la provincia. En El Calafate, la denuncia penal cayó como un baldazo de agua helada (si es que el termómetro lo permitiera) sobre efectivos que ya venían sosteniendo guardias mínimas con el esfuerzo de quien sabe que la villa no puede quedarse sin cobertura.
La judicialización del reclamo cambia el escenario de forma sustancial. Hasta ayer, los autoconvocados estaban en una disputa salarial. Hoy están en una disputa salarial y con una causa penal abierta. Eso tiene consecuencias sobre los ánimos de la tropa, sobre la disposición a negociar y sobre el margen de maniobra de los delegados locales que hasta ahora habían apostado al diálogo.
Será la Justicia provincial la que deberá analizar los planteos formulados por la Fiscalía de Estado y resolver si adopta medidas para garantizar el libre acceso a la sede gubernamental mientras continúa el conflicto. Mientras tanto, en las comisarías de El Calafate, el desgaste acumulado y la sensación de persecución institucional son el combustible más peligroso de todos.
El 30 de junio es la próxima fecha clave. Si el Consejo del Salario no trae una propuesta que las bases consideren mínimamente razonable, el conflicto puede entrar en una espiral que ya no tenga salida fácil.
