El recurso de amparo preventivo que presentaron los abogados de los efectivos autoconvocados tras la denuncia penal del Gobierno fue desestimado. Las bases mantienen el acampe, exigen $2.200.000 de piso salarial y la próxima reunión del Consejo del Salario sigue siendo la única salida institucional disponible. En El Calafate, la tensión continúa.
El intento de los efectivos autoconvocados de frenar judicialmente las consecuencias de la denuncia penal que les inició el Gobierno de Claudio Vidal no prosperó. La Justicia santacruceña desestimó el recurso de hábeas corpus preventivo presentado por los abogados del sector, dejando en pie la denuncia por atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción que la Fiscalía de Estado radicó tras el ingreso de los manifestantes al patio interno de Casa de Gobierno.
¿Qué es un hábeas corpus preventivo y por qué importa acá? Es un recurso judicial que busca proteger la libertad ambulatoria de una persona antes de que se concrete una detención, cuando existe temor fundado de que la autoridad puede privarla de esa libertad de forma ilegítima. Los abogados de los autoconvocados lo presentaron como escudo frente a la posibilidad de que la denuncia penal derivara en arrestos de referentes o delegados. Al rechazarlo, la Justicia despejó el camino para que el proceso penal siga su curso sin ese obstáculo. No implica que habrá detenciones —eso depende de la instrucción—, pero cierra una puerta de protección que los manifestantes habían buscado activar.
EL ESTADO DEL CONFLICTO: NÚMEROS Y POSICIONES
Para entender dónde está parado cada lado, los números son elocuentes. La última oferta formal del Gobierno contempló una actualización del valor punto de $2.075,28 a $2.282,80, más sumas vinculadas a operatividad y una suma fija de $210.000 para todas las jerarquías. Los autoconvocados la rechazaron por mantener componentes no remunerativos que no impactan en el salario básico ni en la carrera policial, y que tampoco benefician al personal retirado y pensionado.
En la mesa de negociación, los autoconvocados cuestionaron además que no hayan participado autoridades del Ministerio de Economía ni del gabinete provincial, interpretando esa ausencia como una señal de escasa voluntad política para resolver el conflicto.
El argumento del fondo es claro: los salarios acumularon una pérdida del 67% de su poder adquisitivo entre 2024 y 2026, llevando a gran parte del personal a percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza o incluso de indigencia. Frente a eso, ninguna suma no remunerativa cierra la brecha.
El conflicto no encontró resolución en las reuniones de esta semana. Las negociaciones continúan sin fecha de cierre definida, mientras los efectivos mantienen el quite de colaboración con un acatamiento que fuentes del sector describen como mayoritario en toda la provincia, incluyendo El Calafate.
LO QUE SE VIENE Y LO QUE ESTÁ EN JUEGO
El inicio de julio sin acuerdo es la peor señal posible para una ciudad que arranca el mes más álgido del invierno turístico con el servicio de seguridad operando con dotación mínima. Las fuerzas federales desplegadas como parche de emergencia (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal) cubren lo urgente, pero no reemplazan la capilaridad operativa de la Policía provincial, que conoce el territorio, los actores locales y las dinámicas específicas de El Calafate.
La denuncia penal sigue activa. El hábeas corpus fue rechazado. El acampe continúa. Y el Consejo del Salario tiene pendiente una nueva propuesta que, si no supera los $2.200.000 de bolsillo con componentes remunerativos reales, probablemente no cierre la crisis.
El tablero en el inicio de julio no tiene ninguna señal de salida rápida.
