Tras el polémico cruce de semanas atrás en la bancada oficialista, la oposición y un sector de legisladores provinciales impidieron el avance de la iniciativa que buscaba derogar los límites a la adquisición de territorio nacional por parte de capitales foráneos.
La Cámara de Senadores de la Nación rechazó el tratamiento y dejó sin efecto el polémico proyecto de ley que pretendía desregular por completo la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. La iniciativa, que formaba parte del paquete de reformas económicas impulsadas en el Congreso, buscaba derogar las restricciones impuestas por la Ley nacional de Tierras.
El desenlace legislativo llega pocas semanas después de que este mismo debate provocara un feroz cruce de chats y máxima tensión política en las esferas del gobierno, evidenciando que el manejo y la soberanía sobre el territorio nacional constituye un límite infranqueable para una amplia mayoría legislativa de diversos signos políticos.
Un freno articulado por el federalismo y la soberanía
El dictamen de rechazo fue respaldado por un bloque transversal de senadores compuesto por el justicialismo, bloques provinciales (incluyendo una fuerte impronta de legisladores patagónicos) y sectores de la oposición dialoguista.
Los principales argumentos que sepultaron la iniciativa se concentraron en:
Seguridad nacional y recursos estratégicos: El peligro de extranjerizar áreas de frontera, zonas de seguridad nacional o vastos territorios con recursos naturales críticos, como acuíferos, cuencas hídricas y áreas de producción de hidrocarburos o minería.
La defensa de los productores locales: Se advirtió que la libre compra de tierras por parte de grandes fondos de inversión internacionales dejaría en total desventaja a las pymes agropecuarias locales y a los pequeños productores familiares de las provincias.
Inconstitucionalidad: Diversos legisladores señalaron que el proyecto avasallaba autonomías provinciales sobre el uso del suelo, las cuales están garantizadas por la Constitución Nacional.
Con el proyecto formalmente bloqueado, el debate sobre la Ley de Tierras y la protección de los recursos naturales del país queda archivado en el Congreso, marcando un duro revés legislativo para los sectores que promovían una apertura irrestricta de los activos inmobiliarios nacionales a los mercados globales.
