La decisión del Gobierno de Santa Cruz de autorizar por decreto la excepción para la compraventa de 21 hectáreas privadas dentro de la Reserva Provincial reabrió el debate legal, ambiental y turístico frente al Glaciar Perito Moreno. Cuestionamientos de prestadores, fundamentos del proyecto de inversión y las recientes declaraciones del Gobernador en El Chaltén.
La Península de Magallanes, una franja de tierra estratégicamente ubicada frente al Glaciar Perito Moreno y comprendida dentro de un Área Natural Protegida Provincial y Parque Nacional Los Glaciares, volvió a convertirse en el centro de un intenso debate público, político y ambiental en Santa Cruz.
El desencadenante fue la firma y posterior publicación del Decreto Provincial N.º 0915/2026 (rectificado por el N.º 1019/2026), mediante el cual el Poder Ejecutivo Provincial exceptuó de manera puntual una restricción normativa vigente desde 2017 para autorizar la operación de compraventa de tierras privadas entre particulares.
A continuación, te presentamos un análisis objetivo de las normas de origen, el alcance del proyecto y el posicionamiento de cada una de las partes involucradas.
El contexto de origen y el marco normativo de Península de Magallanes
Para comprender la controversia es necesario remontarse a la historia dominial y legal del sector:
Propiedad privada previa: La Península de Magallanes cuenta con parcelas de titularidad privada que anteceden incluso a la consolidación de las áreas protegidas nacionales y provinciales.
Reserva Provincial y Plan de Manejo: En 1993, la provincia de Santa Cruz sancionó la Ley N.º 2322 para reglamentar el uso del suelo, limitar subdivisiones urbanísticas descontroladas y preservar el entorno paisajístico del Lago Argentino y los glaciares.
El Decreto 994/2017: Dicha normativa estableció un marco restrictivo sobre las transferencias y proyectos edilicios en la zona para resguardar el bosque andino patagónico y garantizar la conservación del sotobosque.
¿Qué se autorizó y qué abarca la operación?
Inmuebles involucrados: La operación comprende dos parcelas privadas (G2 y G3, sumando cerca de 20,99 hectáreas) pertenecientes a la firma Lacustre del Sud S.A., cuya adquirente es la sociedad ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada a capitales del grupo emiratí con sede en Dubái.
Naturaleza de la venta: No se trata de la enajenación de tierras fiscales por parte del Estado, sino de un acuerdo comercial de compraventa entre privados, el cual requería la intervención administrativa y la excepción explícita del Ejecutivo provincial para poder perfeccionar la transferencia.
Proyecto proyectado (Master Plan Ecocentro): La propuesta contempla la construcción de un complejo eco-turístico de baja escala —24 cabañas con capacidad aproximada de 60 plazas, pasarelas de madera y senderos peatonales— que cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada durante la tramitación iniciada en 2023.
La postura del Gobierno Provincial y el Gobernador Claudio Vidal
Desde el Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo Agrario Provincial (CAP) sustentan la medida bajo los siguientes puntos: Atracción de inversiones privadas: El Gobierno resalta la urgencia de generar empleo directo, reactivar la economía provincial y captar divisas extranjeras en el sector turístico en un contexto económico nacional complejo.
Excepción acotada: Se enfatiza que el decreto se otorga «por única vez» para esta operación específica y que no sienta un antecedente automático ni implica un «cheque en blanco» para construir, ya que el proyecto deberá someterse a cada una de las fiscalizaciones ambientales del Plan de Gestión de la Reserva.
Declaraciones en El Chaltén: En el marco del 41° Aniversario de El Chaltén, el gobernador Claudio Vidal defendió el impulso a las inversiones transparentes que respeten la normativa ambiental, argumentando que Santa Cruz necesita romper con años de estancamiento económico y generar desarrollo real sin descuidar el patrimonio natural.
La postura de los prestadores turísticos y sectores ambientales
Las instituciones del sector turístico local (cámaras hoteleras, gastronómicas y guías de turismo), sumadas a ONG ambientales y profesionales del área, expresaron preocupación respecto de la medida: Riesgo de precedente y escala: Cuestionan que alterar la normativa restrictiva mediante un decreto de excepción pueda abrir la puerta a futuras presiones inmobiliarias en un Área Natural Protegida que actúa como amortiguación del Parque Nacional.
Impacto ecológico y visual: Advierten sobre el impacto en el sotobosque, la provisión de agua, el tratamiento de efluentes y la pérdida de la calidad paisajística prístina que caracteriza la vista hacia el Glaciar Perito Moreno.
Falta de debate participativo: Argumentan que decisiones de esta magnitud en un Sitio Patrimonio de la Humanidad deberían contar con audiencias públicas transparentes e instancias de participación comunitaria previa.
La vía judicial y el debate legislativo
El conflicto trascendió el plano administrativo y se instaló en el ámbito judicial y parlamentario: Amparo Judicial: Cuatro diputados provinciales junto a entidades ambientales presentaron una acción de amparo ante la Justicia con el fin de frenar la transacción y solicitar medidas de no innovar sobre los terrenos.
Reclamo por la Ley de Tierras: La presentación judicial cuestiona además el marco legal utilizado a nivel nacional (el DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales N.º 26.737), señalando la incompatibilidad de transferir tierras ribereñas o limítrofes a sociedades con capital estricto del exterior.
Pedido de informes: La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó solicitudes para que el Ejecutivo remita la totalidad del expediente administrativo, los dictámenes jurídicos del CAP y el detalle de los estudios de impacto ambiental aprobados.
El dilema planteado en Península de Magallanes expone una tensión histórica de la Patagonia: cómo equilibrar la necesidad de desarrollo económico y la atracción de inversiones privadas con el deber ineludible de resguardar el medio ambiente y el patrimonio público.
Desde Latitud 50 continuaremos informando cada paso de este proceso institucional y judicial con el compromiso de acercar a nuestra audiencia datos certeros, fuentes oficiales y el seguimiento responsable de la realidad santacruceña.
