La Secretaría de Estado de Minería implementó un marco normativo que obliga a las empresas a planificar el cese de actividades desde la etapa de exploración. El nuevo esquema introduce auditorías ambientales participativas y el reporte de huella hídrica y de carbono.
La provincia de Santa Cruz dio un paso clave en la regulación de la actividad extractiva al poner en marcha de manera efectiva la Disposición N° 153/2026. Emitida por la Secretaría de Estado de Minería, esta nueva normativa actualiza y profundiza las directrices de la Ley Provincial N° 3751 (de Cierre de Minas), estableciendo estándares sociales y ambientales inéditos para los yacimientos metalíferos activos y en etapa de exploración avanzada en territorio santacruceño.
El nuevo marco legal parte de una premisa fundamental para la minería moderna: la remediación de los pasivos ambientales y la reconversión social de las comunidades de influencia deben diseñarse e internalizarse en los costos de las operadoras desde el inicio de la vida útil del yacimiento, y no como una instancia de resolución tardía sobre el final de la explotación.
Participación social y auditorías transparentes
Uno de los pilares más innovadores de la Disposición N° 153/2026 es la institucionalización de los Monitoreos Ambientales Participativos. Estos mecanismos aseguran la fiscalización directa de los planes de cierre mediante comisiones técnicas integradas por:
Representantes del Estado Provincial: Personal técnico de las carteras de Minería y de Medio Ambiente.
Comunidades Locales: Vecinos y referentes de las localidades más cercanas a los yacimientos.
Asociaciones Gremiales: Trabajadores mineros representados por sus sindicatos sectoriales, garantizando la defensa de las fuentes laborales ante la transición del cese de actividades.
Exigencia de estándares ESG y huella hídrica
Asimismo, la normativa obliga a las empresas mineras a readecuar sus informes anuales bajo estrictos criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). En el plano ambiental, las operadoras deberán certificar la reducción de su impacto ambiental presentando balances detallados de su huella de carbono y, de manera primordial para la estepa patagónica, su huella hídrica, optimizando el uso y posterior tratamiento del agua utilizada en los procesos industriales.
Con la implementación de estos nuevos estándares, Santa Cruz busca consolidar su perfil como plaza atractiva para inversiones mineras de alta responsabilidad corporativa, asegurando que la riqueza generada por el recurso no renovable no se traduzca en pasivos ambientales e incertidumbre laboral para las futuras generaciones santacruceñas.
