Después de días de retención de tareas en comisarías y cuarteles de bomberos, el Ministerio de Seguridad provincial intimó al personal acuartelado a deponer la medida bajo amenaza de sanciones. La respuesta no fue la capitulación: los delegados de El Calafate y Río Gallegos unificaron posición, rechazaron la presión y pusieron sobre la mesa una contrapropuesta formal. El conflicto sigue abierto.
El pulso entre el Gobierno provincial y los efectivos policiales autoconvocados llegó este miércoles a uno de sus momentos más tensos. El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz formalizó una intimación al personal acuartelado en las comisarías y cuarteles de bomberos de El Calafate, exigiendo el cese de las medidas de fuerza bajo advertencia de consecuencias disciplinarias. La respuesta, lejos de apagar el conflicto, lo reencendió.
Los delegados locales, en coordinación con sus pares de Río Gallegos, resolvieron mantener la posición y presentar una contrapropuesta formal: rechazan la presión institucional y sostienen el piso salarial cercano a los $2.900.000 como horizonte del reclamo, aunque abren una ventana de negociación. La propuesta incluye que una parte de esa diferencia sea cubierta mediante un bono por zona desfavorable invernal de carácter no remunerativo, pagadero de forma inmediata. Una salida que, en los términos del conflicto, busca darle al Gobierno una alternativa sin que los efectivos resignen su demanda de fondo.
El trasfondo del conflicto no es nuevo. La medida de fuerza fue iniciada por un sector autoconvocado de la Policía de Santa Cruz que exige participar de la paritaria salarial con el argumento de no sentirse representado por la Asociación Policial. Los autoconvocados llevan más de nueve días de acampe reclamando la reactivación del Consejo de Salario (su único órgano de representación legal) y la apertura de una genuina mesa paritaria.
El gobernador Claudio Vidal reconoció que comprende el reclamo salarial, pero sostuvo que la provincia no cuenta «con los recursos porque los mismos que durante 30 años tomaban deuda hoy nos niegan esa herramienta», en referencia a los legisladores kirchneristas que resisten el permiso para tomar deuda.
LO QUE SE VIVE PUERTAS ADENTRO EN EL CALAFATE
Lo que los números no muestran es el desgaste humano que se acumula detrás de las puertas de cada comisaría. En El Calafate, aproximadamente el 60% de la fuerza de la comisaría se plegó a la medida, mientras el resto mantiene servicio normal. Eso significa que quienes no adhirieron (o quienes, aun en desacuerdo con sus superiores, sostienen guardias mínimas por responsabilidad con el vecino) cargan con una presión doble: la laboral y la institucional.
El personal que sostiene la guardia lo hace con los límites que impone una dotación reducida. El Calafate no es una ciudad dormida en invierno: es un polo turístico activo, con flujo constante de visitantes, demanda de emergencias real y una estructura urbana que crece año a año sin que los recursos humanos de seguridad escalen al mismo ritmo.
Ante el desborde, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado y ordenó el despliegue de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal para cubrir tareas policiales en las ciudades más afectadas. Una señal de que la crisis escaló al punto en que la provincia ya no puede resolverla sola.
Las próximas horas serán decisivas. La contrapropuesta está sobre la mesa. El Gobierno tiene que decidir si la toma como una oportunidad de diálogo o si insiste en la vía disciplinaria. La historia de conflictos similares en Santa Cruz muestra que la presión sobre el personal no resuelve el fondo: solo demora el estallido.
